El 4 de octubre de 2026, el Partido del Poder Popular (국민의힘) decidió enviar una carta para pedir que se retirara la película «Assassin(s)» (암살자(들)), sobre el atentado contra Yuk Young-soo en 1974, como cinta inaugural del Festival Internacional de Cine de Singapur. El diputado Joo Jin-woo dijo que también tenían previsto solicitar la retirada de la película de otros festivales internacionales, como los de Brasil y Toronto, en Canadá. Ese mismo día, unos 50 miembros de grupos conservadores se manifestaron frente a la casa del actor Yoo Hae-jin para exigir que se suspendiera la proyección y que se ofrecieran disculpas, entre otras cosas.

Esta polémica no se limita a un enfrentamiento político sobre la interpretación histórica de la película. Coincidieron los intentos de la política nacional de influir en las decisiones de programación de festivales extranjeros, una protesta frente al domicilio de un actor y un boicot, así como la preocupación del sector cinematográfico por la seguridad de los creadores. «Assassin(s)» superó los dos millones de espectadores el 3 de octubre, en su undécimo día en cartelera, pero la cifra de espectadores no determina la naturaleza del debate que rodea a la obra.

Antecedentes y contexto

El diputado Joo Jin-woo declaró que intentaría impedir la proyección en el Festival Internacional de Cine de Singapur y que también tenía previsto pedir la retirada de la película de otros festivales, como los de Brasil y Toronto, en Canadá. Choi Bo-yoon, portavoz principal del Partido del Poder Popular, explicó que, después de recabar la opinión de los diputados que manifestaron su intención de participar, se decidió tramitar el envío de la carta dentro del grupo parlamentario. El presidente del partido, Jang Dong-hyuk, tenía previsto visitar el 5 de octubre la casa natal de Yuk Young-soo, en Okcheon, provincia de Chungcheong del Norte.

El Partido del Poder Popular alegó que el Banco Industrial de Corea (기업은행) y el Banco de Desarrollo de Corea (산업은행) habían participado directa o indirectamente en la inversión de la película, y sostuvo que el Gobierno de Lee Jae-myung había intervenido. También planteó sospechas de manipulación de las puntuaciones de la película. Sin embargo, el artículo incluyó otros datos sobre las puntuaciones. Naver (네이버) anunció que había detectado tráfico anómalo en algunas películas y que había solicitado una investigación. También indicó que, en el caso de «Assassin(s)», detectó manipulación automatizada durante un periodo en el que un error permitía registrar votos positivos y negativos duplicados, y que cambió temporalmente el orden predeterminado de visualización a «más recientes». Estos datos, por sí solos, no permiten confirmar quién intervino ni con qué propósito.

La respuesta política se extendió a las peticiones para retirar la película de festivales extranjeros y a la consideración de medidas legales. Según las informaciones, el Partido del Poder Popular también estaba estudiando presentar una denuncia por difamación de una persona fallecida (사자명예훼손) o solicitar una medida cautelar (가처분) para prohibir la proyección, pero no se ha confirmado que se haya presentado realmente una denuncia o una solicitud. Por otra parte, miembros de grupos conservadores como Shin Jayuyeondae y Bellado se manifestaron frente a la casa de Yoo Hae-jin y exigieron que se suspendiera la proyección, que el actor pidiera disculpas públicamente y que se comprometiera a evitar que algo similar volviera a ocurrir. También se informó de que habían iniciado un boicot a Burger King y Kiwoom Securities (키움증권), empresas para las que el actor trabaja como imagen publicitaria.

También hubo voces contrarias a las críticas políticas. Jeon Eun-soo, portavoz parlamentaria del Partido Democrático de Corea (더불어민주당), criticó que la intervención de la política en la cultura y las artes para decidir qué se muestra constituye censura. Cho Kuk, director del Instituto de Investigación de Políticas de Innovación del Partido Innovación Patria (조국혁신당), propuso hacer públicos los documentos de los organismos estatales pertinentes. La Asociación de Directores de Cine de Corea (한국영화감독조합) afirmó que hay que distinguir entre criticar una obra y atacar a sus creadores como personas, y que las críticas no deben acabar destruyendo la vida y el sustento de quienes la hicieron. La Asociación de Productores de Cine de Corea (한국영화제작가협회) y el Gremio de Productores de Cine de Corea (한국영화프로듀서조합) también expresaron preocupación y afirmaron que los ataques políticos habían llegado a poner en peligro la seguridad de los artistas participantes.

Qué significa esta noticia

En primer lugar, llama la atención que el debate haya pasado del contenido de la película a la cuestión de su exhibición en el extranjero. Una petición para retirar una película no cambia por sí misma la decisión de un festival, pero plantea dónde están los límites entre la libertad de expresión y la intervención política, dado que supone un intento de la política de dirigirse directamente a eventos culturales extranjeros. El Partido del Poder Popular sostuvo que la película distorsiona la historia y que incomoda a la mayoría de la población, mientras que Jeon Eun-soo, portavoz parlamentaria, criticó que la política pretenda decidir incluso si se proyecta o no, y lo calificó de censura. Las dos posturas pueden entenderse como una discrepancia sobre hasta dónde debe permitirse la intervención política en una película, no como una diferencia sobre los hechos.

En segundo lugar, las críticas a una obra y las acciones dirigidas contra quienes participaron en ella afectan a personas distintas. La Asociación de Directores de Cine afirmó que los creadores pueden ser objeto de críticas por su obra, pero que esas críticas no deben arruinar su vida cotidiana ni su sustento. En un contexto de protestas frente a una vivienda y de boicots a empresas anunciantes, la polémica puede afectar, más allá de la valoración del público, a la seguridad y al trabajo de actores y creadores. Se trata de una preocupación que puede extraerse del alcance de las acciones descritas en las noticias, no de una conclusión de que las protestas o los boicots sean ilegales.

En tercer lugar, es importante que el público y la ciudadanía distingan las sospechas de los hechos confirmados. Por ejemplo, si encuentran en internet la afirmación de que se manipularon las puntuaciones de una película, no deben equiparar una acusación de un partido con una anomalía técnica que la plataforma dice haber detectado; deben comprobar por separado qué se ha confirmado y quién llevó a cabo la acción. El aviso de Naver citado en el artículo afirma que se detectó manipulación automatizada, pero no identifica a sus responsables ni sus motivos.

Información sobre normas y recursos pertinentes

Entre las acciones legales que, según las informaciones, el Partido del Poder Popular estaba estudiando, la difamación y las medidas cautelares plantean cuestiones distintas. Según una guía jurídica, el elemento central de la difamación es determinar si se difundieron públicamente hechos concretos capaces de rebajar la consideración social de una persona determinada; en el caso del insulto, la cuestión es si se expresó desprecio sin afirmar hechos. Hay que examinar conjuntamente el contenido y el contexto de las expresiones, si se identifica a la persona afectada, la posibilidad de que las expresiones lleguen a varias personas y el interés público, entre otros factores. Por ello, no se puede concluir que una crítica a una película o una declaración relacionada con ella sea ilegal sin más.

Sin embargo, la guía jurídica proporcionada explica los criterios generales para evaluar la difamación y el insulto, pero no incluye un análisis específico sobre si en este caso se cumple el delito de difamación de una persona fallecida. Por tanto, no puede utilizarse como fundamento para concluir que la película o las declaraciones políticas constituyen ese delito. Para precisar las cuestiones en juego, es necesario confirmar hechos concretos, como si se tomó realmente alguna medida, qué expresiones se cuestionan y quiénes son las partes implicadas.

Una medida cautelar es una medida provisional destinada a preservar derechos o evitar riesgos en una relación jurídica antes de que se dicte una sentencia sobre el fondo. Sin embargo, el mero hecho de que se haya mencionado una medida cautelar para prohibir la proyección no permite afirmar que se haya presentado una solicitud o que se haya dictado una resolución. Sus efectos reales dependerían, entre otras cosas, del contenido de la solicitud, de los derechos que se pretenda proteger y de su ejecución. La guía proporcionada sobre medidas cautelares también explica principios generales, por lo que no sustituye una conclusión sobre si se puede prohibir la exhibición de la película.

Lo que se ha informado es que existe un plan para estudiar acciones legales. Hasta que se confirme una denuncia, una solicitud de medida cautelar o una decisión judicial, es importante no dar por hecho que se han tomado medidas legales.

Aspectos que varían entre las informaciones

Las dos informaciones describen con distinto nivel de detalle la fase en que se encuentra el envío de la carta. Una señala que el diputado Joo Jin-woo ya había enviado un documento a los organizadores del festival y que estaba previsto presentar otra carta en nombre de todos los diputados del Partido del Poder Popular, con el liderazgo parlamentario al frente. La otra explica que, tras recabar la opinión de los diputados, se decidió tramitar el envío de la carta dentro del grupo parlamentario.

Hechos confirmados y cuestiones que siguen sin respuesta

Hechos confirmados

  • El Partido del Poder Popular impulsó una carta para pedir que «Assassin(s)» fuera retirada de la programación como cinta inaugural del Festival Internacional de Cine de Singapur y afirmó que tenía previsto presentar la misma petición a otros festivales internacionales.
  • Unos 50 miembros de grupos conservadores se manifestaron el 4 de octubre frente a la casa de Yoo Hae-jin y exigieron que se suspendiera la proyección y que se ofrecieran disculpas, entre otras cosas.
  • Se informó de que los participantes en la protesta habían iniciado un boicot a empresas para las que Yoo Hae-jin trabaja como imagen publicitaria.
  • La Asociación de Directores de Cine y organizaciones de productores y profesionales de la producción expresaron preocupación por la seguridad de los creadores y de los artistas participantes.
  • La película superó los dos millones de espectadores el 3 de octubre, en su undécimo día en cartelera.

Cuestiones que siguen sin respuesta

  • Las noticias no confirman qué respuesta dieron el Festival Internacional de Cine de Singapur ni otros festivales, como los de Brasil y Toronto, a las peticiones de retirada.
  • No se ha confirmado si el Partido del Poder Popular presentó realmente una denuncia por difamación de una persona fallecida o una solicitud de medida cautelar para prohibir la proyección.
  • La información proporcionada no permite saber quién llevó a cabo la manipulación automatizada de las puntuaciones ni con qué propósito.

Qué conviene comprobar

  • Al informarse sobre la programación de festivales extranjeros, conviene distinguir entre las noticias sobre una petición de retirada y la decisión o respuesta oficial del festival.
  • En las noticias posteriores sobre acciones legales, hay que tener presente que considerar una medida, presentar efectivamente una solicitud o una denuncia y obtener una decisión judicial son fases distintas.
  • Si se encuentran sospechas de manipulación de puntuaciones, conviene comprobar por separado las afirmaciones de los partidos, las anomalías técnicas detectadas por la plataforma y los hechos confirmados sobre quién actuó y con qué motivo.

Referencias